¿Quién sabe que el 9 de diciembre es el Día Internacional contra la Corrupción? Nadie y todos a la vez en América Latina. Todo un tema clave, un flagelo para muchos latinoamericanos que vacilan entre dos puntos de vista al respecto.
Alta preocupación
El primero consiste en decir que América Latina vive sumida en la corrupción y que los países de esa zona aparecen entre los peores en el mundo en las clasificaciones internacionales.
La verdad es que son numerosos los casos que dañan la imagen de esas naciones atractivas a pesar de todo y desde 2016 se ha hablado mucho de una serie de acontecimientos oscuros y dudosos: fueron primero los nombres de personalidades vinculadas con los paraísos fiscales en los llamados Papeles de Panamá entre los que estaban artistas, políticos o banqueros. El año 2016 se cerró al destaparse la trama Odebrecht, esa constructora brasileña de 168 000 empleados ligada con el escándalo Petrobras y Lava Jato en Brasil, responsable del pago de sobornos por más de 735 millones de dólares en casi todos los países del área excepto Chile con el fin de garantizar la adjudicación de contratos de obras públicas (gasoductos, carreteras entre el 2005 y el 2014 o de financiamiento oculto de campañas presodenciales. El ránking 2016 de Transparencia Internacional acaba de publicar el nuevo índice de percepción de la corrupción señalando a Venezuela, Guatemala y México como los más afectados por esa enfermedad endémica.
Cierto dosis de optimismo
Pero el segundo considera que la revelación de tales casos mediante la intervención de una prensa libre junto a unos jueces independientes es la prueba de que allí algo está cambiando y nadie puede sentirse impune. Las nuevas generaciones de fiscales resultan mejor preparadas y más efectivas tras reformas recientes de los sistemas procesales penales especialmente en Brasil y Chile. Prueba de ello, el encarcelamiento de Marcelo Odebrecht por 19 años y la multa de 3 500 millones de dólares al consorcio, la destitución de la Presidenta brasileña Dilma Rousseff, la investigación contra el ex Presidente Lula Da Silva, la en contra de los ex mandatarios peruanos Alejandro Toledo y Ollanta Humala, la renuncia del ex Presidente guatemalteco Otto Pérez Molina y su vicepresidenta. En Guatemala precisamente se ha creado una comisión internacional bajo control de las Naciones Unidas que colabora con la Fiscalía Nacional y la policía guatemalteca para procesar a los inculpados en el fraude aduanero llamado La Línea. Por lo contrario, México está cediendo terreno y pasa del lugar 95 al 123 en el ránking ya que los casos siguen sin resolver por la falta de autonomía de los tribunales: del Caso Iguala a las redes ocultas entre funcionarios y narcotraficantes, es el propio presidente Enrique Peña Nieto el que está en el nivel más bajo de la clasificación cuando comenzó el mandato en la portada del Financial Times.
Lo que necesita América Latina son ciudadanos más presentes en las calles y en las redes como se pudo ver en México tras el Caso Iguala o en Argentina después de la muerte misteriosa del fiscal Nisman para acabar con la corrupción y los privilegios de los líderes corporativos, los funcionarios públicos, los magnates y los líderes demagogos. El porvenir democrático está sin duda en las asociaciones como el movimiento 3de3 en México que promovió una petición ciudadana para dar efectividad al Sistema Nacional Anticorrupción, en las comisiones presidenciales que pueden presionar para que la agenda avance como en Chile donde se ha aprobado una nueva ley de partidos políticos con más transparencia y fiscalización del financiamiento de la política, el regreso de la educación civíca a las aulas...
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