1- Según
ese profesor de la Universidad Carlos III, ¿qué proyecto necesita España ?
Unas semanas
antes de la segunda votación de los españoles en las elecciones generales, José
Antonio Gómez Yánez hace un balance de la situación en la que se encuentra
España y propone remedios.
Lo que
necesita España es sobre todo que los partidos políticos sean capaces de
adoptar una postura clara y razonable sobre la resolución de la crisis
económica y el nuevo rumbo necesario en materia de organización territorial,
competencia económica o relaciones con la UE porque como lo recordaron Felipe
González o Francisco Ayala en otros tiempos, lo que resulta urgente es idear un
proyecto viable y consensual a largo plazo.
Hoy todos
perciben que, pese a los logros, el proyecto de la Transición se ha estancado y
ha conducido a un Estado de Autonomías minado por la burocratización, unas Administraciones
corruptas e ineficientes, el despedazamiento del sistema nacional de salud y el
caos fiscal. Si España se exporta con marcas dinámicas e innovadoras en muchos
sectores, los comportamientos político-administrativos tienen que evolucionar y
tomar ejemplo en los profesionales del sector privado que triunfan.
Lo que
necesita España es menos politización y más pragmatismo para reformar las
pensiones, el sistema bancario, los partidos y los sindicatos. Con menos leyes
y más eficacia la nación acabará por renovarse.
2-
Hoy
el 35,7% de los españoles sigue apoyando el modelo territorial actual, a pesar
de toso sus defectos. ¿Cómo lo explica Usted ?
Hoy la mayoría de las Comunidades Autónomas vive con
normalidad y orgullo un autogobierno que ha servido, según consenso de la
mayoría de políticos y expertos, para impulsar un desarrollo económico y social
en toda España, y ayudar a equilibrar las desigualdades entre territorios
heredadas de décadas de centralismo. Si una mayoría de los españoles sigue
apoyando ese modelo es que éste se ha elaborado en el contexto de la vuelta a
la democracia y la integración de España en la Comunidad Europea.
Por eso resulta imprescindible recordar esa historia reciente
a la que muchos españoles están apegados. Así los constituyentes de 1978 quisieron dar respuesta a las demandas frustradas de un
mayor autogobierno en territorios históricos como Cataluña, el País Vasco, y en
menor medida Navarra y Galicia. Diseñaron un sistema abierto que diferenciaba
“regiones y nacionalidades” (y no « nación », tema tabú) con la
intención en primer término de que fueran estas comunidades las que recuperaran
el régimen estatutario desarrollado durante la Segunda República y que frustró
de raíz la Guerra Civil y los siguientes cuarenta años de franquismo. El fallido intento de golpe de Estado, fruto en gran parte de la
irritación de los militares por el avance del autonomismo, infundió un
considerable temor en las dos principales formaciones políticas de la época, el
PSOE y la UCD, y comenzó un proceso de armonización de competencias por arriba
de todas las comunidades. Pactos posteriores y reformas sucesivas de los Estatutos
han creado 17 comunidades autónomas con competencias muy similares a las de los
miembros de un Estado federal: sanidad, educación e impuestos,
fundamentalmente.
Dos son los problemas a los que hace hoy frente el
diseño territorial de España, y el nudo gordiano solo se deshará si se consigue
dar con una solución común a aspiraciones que, en un principio, parecen
irreconciliables. Por un lado, son cada vez más las voces académicas y
políticas que reclaman cerrar ya una estructura que, por su naturaleza, ha sido
permanentemente expansiva. La cuestión es saber cómo se cierra : ¿llegando
más lejos como lo propone el PSOE que invita a “avanzar hacia el federalismo
con todas sus consecuencias” o sea a poner nombre en el texto constitucional a
cada comunidad autónoma, “desarrollar los mecanismos de cooperación
institucional” entre el Gobierno central y las distintas Autonomías (el
reclamado principio de lealtad federal), convertir el Senado en la verdadera Cámara
territorial, lograr una financiación autonómica suficiente, justa y solidaria,
y “respetar las identidades diferenciadas dentro de España” ?
Por otro lado existe el rechazo al "derecho a existir" reclamado en Cataluña y latente en el País Vasco. Un
término que, desde el lado opuesto, se identifica como un derecho de
autodeterminación camuflado que solo correspondería, en derecho internacional,
a las antiguas colonias, y que desde el soberanismo catalán se defiende como la
expresión última de un principio que, afirman, prevalece sobre la propia ley:
el principio democrático. Las Comunidades Autónomas deben ser capaces de
adoptar decisiones internas, pero por los cauces legales. En el llamado derecho
a decidir está en juego la soberanía, que según establece la Constitución
reside únicamente en el pueblo español. El problema reside en que la solución
federalista, con su carga igualitaria, no gusta a nacionalistas ni independentistas que en el caso de Cataluña han renunciado a la vía
estatutaria y persiguen la secesión.
Ahora bien ni el proyecto
federalista, proyecto más bien socialista, cuando el PSOE está atravesando una
crisis política interna mayor, ni el secesionismo catalán parecen encontrar el
eco suficiente para desembocar en algo viable y duradero. Serían dos aventuras
con futuro incierto y lo que quiere la mayoría de los españoles es estabilidad
y serenidad.
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